Debemos mantenernos firmes ante el aumento de la intolerancia y construir un futuro de dignidad, seguridad, justicia y derechos humanos para todos

Por: Rosemarie Acosta Lugo, Asesora de Comunicación Cultura Política – Presidenta de FEMUPERP
femuperp@femuperp.org

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un hito al proclamar que todo ser humano tiene derecho a ciertos derechos inalienables.

El 10 de diciembre de 2023 se cumplen 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 y establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Disponible en más de 500 lenguas, es el documento más traducido en todo el mundo.

Una campaña de un año de duración centrada en la universalidad, el progreso y el compromiso, culminará en un acto de alto nivel en diciembre de 2023, en el que se anunciarán compromisos mundiales e ideas para concretar el futuro de los derechos humanos. Sirve de base para un sistema de protección de los derechos humanos en expansión que hoy se centra también en grupos vulnerables como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y las personas migrantes.

No obstante, la promesa de la Declaración de dignidad e igualdad de derechos para todas las personas, ha venido sufriendo un ataque constante durante los últimos años. Cuando el mundo se enfrenta a desafíos nuevos y continuados —como las pandemias, los conflictos, las desigualdades crecientes, la quiebra moral del sistema financiero mundial, el racismo y el cambio climático—, los valores y los derechos consagrados en la Declaración sirven de guía para nuestras acciones colectivas de no dejar a nadie atrás.

La campaña de los 75 años de los Derechos Humanos, de un año de duración, tiene por objetivo reorientar nuestro trabajo y medidas hacia un mayor conocimiento de la universalidad de la Declaración y el activismo asociado a ella y dirige las gestiones hacia la JUVENTUD Y los DERECHOS HUMANOS porque la juventud se enfrenta a retos específicos a la hora de ejercer sus derechos, al mismo tiempo que a menudo lideran el activismo en materia de derechos humanos, la participación de los y las jóvenes es un elemento clave de la campaña.

Para garantizar este compromiso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) creó un Grupo Asesor de la Juventud, que participa en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las actividades de Human Rights 75. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los derechos de todos los seres humanos.

Desde el derecho a la educación hasta la igualdad salarial, la Declaración estableció por primera vez los derechos indivisibles e inalienables de toda la humanidad. Como «una norma común de logros para todos los pueblos y todas las naciones», la Declaración es un proyecto global para las leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, y un pilar esencial de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

2030 DERECHOS HUMANOS GARANTÍA UNIVERSAL

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mantiene explícitamente que se basa en la Declaración y que dicha agenda debe aplicarse de forma que se hagan realidad los derechos humanos. La Declaración ha inspirado muchas luchas por una mayor protección de los derechos humanos y ha contribuido a que sean más reconocidos.

Siempre que se abandonan los valores de la humanidad, todos corremos un mayor riesgo. Las soluciones a las mayores crisis actuales tienen su origen en los derechos humanos. Las violaciones de los derechos tienen repercusiones más allá de las fronteras y de las generaciones. Estas pueden y deben ser, superadas colectivamente.

Tenemos que defender nuestros derechos y los de los demás. La Declaración Universal de los Derechos Humanos llama a todas las personas a defender los derechos humanos. Todos y todas tenemos un papel que desempeñar.

Necesitamos una economía que invierta en los derechos humanos y que funcione para todas las personas. Renovemos el Contrato Social entre los gobiernos y sus pueblos y dentro de las sociedades, para reconstruir la confianza y adoptar una visión compartida y global de los derechos humanos en el camino hacia un desarrollo justo y sostenible.

Sin derechos humanos no puede haber paz duradera. Ni desarrollo sostenible. Ni tampoco justicia. “Tenemos que insistir en que se tomen medidas mundiales y nacionales que aborden las desigualdades; refuercen las protecciones sociales; y poder eliminar la discriminación y las causas profundas de los conflictos, las crisis medioambientales y la miseria».

«Ahora, más que nunca, necesitamos los derechos humanos para mantener la estabilidad en el mundo y hacernos con una hoja de ruta hacia un futuro mejor, como parte de la DUDH75 y en el futuro posterior». Avancemos con rapidez para profundizar en la labor de la Oficina con los actores responsables del desarrollo en todas las Naciones Unidas y ayudar a encauzar de nuevo la Agenda de Desarrollo Sostenible para las personas y el planeta en 2030.

El Artículo 129 señala que “La Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en esta Constitución, así como los previstos en los convenios internacionales de derechos humanos y la Ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores .

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias, brindando protección y asistencia a refugiados, solicitantes de asilo, personas apátridas y otras personas de interés. Las organizaciones internacionales y los aliados en las ONG informaron que las barreras continúan para la integración de solicitantes de asilo y refugiados, pero sin limitarse a la falta de oportunidades laborales y barreras que prevenían que los niños de estas poblaciones asistieran a la escuela.

Mantuvieron un acceso al asilo: La ley dispone la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados.

ONPAR EN PANAMÁ

A pesar de que se eliminaron las restricciones de movimiento, la Oficina Nacional para Refugiados (ONPAR) de Panamá recibió una cantidad significativamente reducida de solicitudes de asilo y refugio. ONPAR redujo su mora de casos de asilo de casi 20,000 a 11,000, pero la mayoría de los casos no fueron aprobados, los solicitantes habían salido del país. Las tasas de admisión y aprobación para los solicitantes seguían siendo extremadamente bajas durante el año (menos de 1 porciento). ONPAR procesó las solicitudes de asilo iniciales. Una vez se aprueba el caso para su consideración, la solicitud se refiere a la Comisión Nacional de Refugiados, un comité interinstitucional que decide la condición definitiva de cada caso.

Organizaciones internacionales informaron sobre un incremento en actos de violencia en contra de los migrantes durante el cruce del Tapón del Darién, que incluyeron agresiones sexuales, robo y asesinato, lo cual insto a las autoridades a asignar de manera permanente a tres oficiales del Ministerio Público para documentar las querellas penales de los migrantes. ONPAR no tenía presencia permanente en los campos migratorios en la región del Darién; las personas que deseaban solicitar asilo tenían que acercarse al Servicio Nacional de Fronteras, una organización internacional, o a una ONG para solicitar protección y luego reunirse con un representante de ONPAR, lo cual creaba barreras de acceso y demoras.

Según el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las ONG que son sus aliadas de implementación, miles de personas en el país necesitaban protección internacional. Esto incluyó a personas en el proceso de solicitar asilo y condición de refugiado, personas a las que no se les concedió la condición de refugiado y a personas que no solicitaron la condición de refugiado debido a la ignorancia o al temor de deportación.

Los refugiados reconocidos por las autoridades tienen el derecho de trabajar, pero los refugiados reconocidos se quejaron de que se enfrentaban a prácticas de contratación discriminatorias. En un esfuerzo de prevenir esta práctica discriminatoria, ONPAR retiró la palabra “refugiado” de las tarjetas de identificación de los refugiados reconocidos. Por ley, ONPAR continuó asistiendo a los solicitantes admitidos al proceso de refugio a obtener su permiso de trabajo temporal. Los permisos de trabajo temporales son válidos por un año, pero pueden ser renovados las veces que se necesite, hasta que la Comisión Nacional de Refugiados emita una resolución final del caso.

Las autoridades educativas a veces le negaban a los Refugiados acceso a la educación, y rehusaban emitir diplomas a otros si no podían presentar registros escolares completos y certificados de su país de origen. El Ministerio de Educación continuó aplicando el decreto del Año 2015 emitido por el Gobierno que requería que las escuelas aceptaran estudiantes que estaban como Refugiados.

Apliquemos los Derechos Humanos con asertividad para que “las Naciones puedan accionar libremente. Que las garantías Universales puedan unir a los países.