Quiero iniciar este artículo afirmando que aspiro a tener un país en donde la justicia en materia de violencia doméstica garantice la tutela judicial efectiva en mujeres víctimas de este delito, entendiendo la tutela judicial efectiva como la posibilidad de deducir ante cualquier órgano jurisdiccional las pretensiones necesarias para defensa y protección de sus derechos e intereses legítimos frente a cualquier conducta o actuación que pudiera lesionarlos o desconocerlos y obtener una resolución de fondo ajustada a Derecho y su correspondiente ejecución, de conformidad con el ordenamiento jurídico sustantivo y procesal, en palabras simples significa, debida diligencia,  trato digno a las víctimas y sus familias, superación de obstáculos para acceder a la justicia, investigación especializada de calidad y en tiempo, reparación integral, pero lastimosamente la justicia viola todos los días este principio. Y esta aseveración la sustento evidenciando que el año 2020 cerró con más de dieciséis mil (16,000) casos de violencia y con un poco más de doscientas (200) sentencias condenatorias, me pregunto eso es tutela judicial efectiva? La respuesta es un categórico NO.

Lo más delicado, es que las autoridades tienen consciencia de esto, tienen claro que es un problema de salud pública que debe ser prioridad para el Estado, que deben tomar acción cuanto antes pero no hacen nada.

Me detengo a realizar la primera reflexión, de qué vale que una persona denuncie un acto de violencia sino recibe la tutela efectiva, muchas veces duele más un sistema indolente que no responde de manera oportuna, ni integral  que los  golpes del agresor.

¿Cómo podemos contrarrestar tanta indiferencia , tanta injusticia? Yo sugiero  reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a  la violencia, fortalecer las redes comunitarias,  asegurar las disponibilidad de casas de acogida, que hay muy pocas,  desarrollar protocolos de atención y fortalecer las capacidades de los agentes de seguridad y actores de la justicia involucrados en la investigación, más sensibilidad a la temática, sensibilizar con perspectiva de género en todas las instituciones estatales cumpliendo con los que establece la Ley No.82 de 2013, políticas públicas integradas, donde la oferta del Estado cubra de manera integral la necesidad específica y les permita salir de ese entorno, trabajar en la autonomía de las mujeres y sobre todo en la financiera porque la mayoría de mujeres en esta situación son dependientes económicas, además se debe garantizar servicios de salud sexual y reproductiva,  medidas de educación, diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje claro con el objeto de alcanzar las mujeres en su diversidad.

Quiero finalizar este artículo afirmando que  todos juntos, familias y gobiernos cumpliendo nuestras responsabilidades podremos erradicar este flagelo que está rompiendo familias y llevando a vivir confinados en un ambiente violento que a lo único que nos lleva es a vivir en el conflicto, en el odio y en la venganza, superemos todas estas barreras y decidamos vivir en un mundo lleno de tolerancia, amor y respeto.